La reforma laboral de 2019 prometía transformar el sistema de justicia en México con procesos más ágiles y resoluciones en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, en Puebla, trabajadores denuncian que los juicios laborales continúan extendiéndose durante meses e incluso años, generando afectaciones económicas, emocionales y familiares.
Diversos casos exhiben las dificultades que enfrentan las personas despedidas para obtener una resolución en los tribunales laborales, mientras sobreviven sin ingresos y enfrentan incertidumbre sobre su futuro laboral y económico.
Uno de los casos es el de Israel Picazo López, quien trabajó durante 34 años en las armadoras Volkswagen y Audi. Tras ser despedido en abril de 2025, asegura que su salida estuvo relacionada con actividades sindicales. Actualmente, su proceso legal sigue sin resolverse, mientras busca sostener a su familia mediante un pequeño negocio de comida.
Otro caso es el de Eduardo Alejandro Coronel Gutiérrez, extrabajador de Telcel, quien denunció retrasos después de varios meses sin sentencia, pese a que la ley establece tiempos más cortos para resolver este tipo de conflictos laborales. Señaló que la falta de ingresos ya provocó problemas de salud y endeudamiento.
Asimismo, Norman Castro Campos, ex empleado de Planet Fitness, afirmó que los trámites y audiencias avanzan lentamente, obligando a los trabajadores a pasar largas jornadas entre oficinas y procesos burocráticos que complican aún más su situación económica.
De acuerdo con el abogado laboral Alan Ortega Rodríguez, el sistema laboral enfrenta problemas estructurales como falta de personal, rezago de expedientes, infraestructura insuficiente y prácticas legales que retrasan los procedimientos.
Aunque la reforma laboral tenía como objetivo terminar con los juicios prolongados y modernizar la impartición de justicia, trabajadores poblanos consideran que todavía existen importantes deficiencias que impiden cumplir con las promesas de rapidez y eficiencia en la resolución de conflictos laborales.
