A partir del 1 de enero de 2026, las y los profesionistas en México deberán aprobar evaluaciones periódicas obligatorias para mantener vigente su cédula profesional, de acuerdo con un acuerdo oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 31 de diciembre de 2025. Esta medida forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la actualización académica y profesional en el país.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el proceso de evaluación estará a cargo del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Grados y Licencias (SENAGAL), organismo que será responsable de diseñar, aplicar y supervisar los exámenes dirigidos a profesionistas de distintas disciplinas.
Evaluaciones cada cinco años para mantener la vigencia de la cédula
De acuerdo con el nuevo esquema, las evaluaciones deberán presentarse cada cinco años, ya sea de manera presencial o en modalidad en línea, con el objetivo de facilitar el acceso a profesionistas que ejercen en distintas regiones del país. La SEP argumentó que esta acción busca garantizar que las y los profesionales cuenten con conocimientos actualizados, alineados a las reformas legales, avances tecnológicos y cambios normativos de cada sector.
En caso de no acreditar la evaluación, la cédula profesional será suspendida de forma temporal, hasta que la persona apruebe el examen correspondiente. Esta disposición ha generado inquietud en diversos gremios, quienes han expresado dudas sobre los criterios de evaluación, costos y consecuencias laborales.
SENAGAL definirá calendario, costos y temarios
El acuerdo establece que el SENAGAL contará con un plazo de 90 días para definir el calendario oficial de evaluaciones, así como los temarios, lineamientos técnicos y costos del examen. Esta información será clave para que las y los profesionistas puedan prepararse con anticipación y conocer los requisitos específicos según su área de ejercicio.
Especialistas señalan que, si bien la medida puede representar un avance en términos de calidad profesional, también será necesario garantizar procesos transparentes, costos accesibles y mecanismos de apoyo para evitar afectaciones al ejercicio laboral.
Inquietud entre sectores profesionales
Diversos colegios, asociaciones y especialistas han manifestado preocupación por la implementación del nuevo sistema, particularmente por el impacto que podría tener en la estabilidad laboral, especialmente en áreas como la salud, el derecho, la ingeniería y la educación. No obstante, autoridades educativas aseguran que el modelo busca elevar los estándares profesionales y fortalecer la confianza social en los servicios especializados.
El debate continuará en los próximos meses, conforme se den a conocer los detalles finales del esquema de evaluación y su aplicación a nivel nacional.
