La diputada Azucena Rosas Tapia propuso incorporar este derecho a la Constitución estatal; durante la sesión también se presentaron iniciativas sobre igualdad, protección a la niñez, educación y participación ciudadana.
Puebla, Pue.– El Congreso del Estado de Puebla recibió una iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para establecer mecanismos que garanticen el respeto a la desconexión digital en el ámbito laboral, con el propósito de proteger el descanso, la salud física y mental, así como el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de las personas trabajadoras.
La propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de que las autoridades promuevan mecanismos que permitan a las personas trabajadoras desconectarse de las herramientas digitales laborales fuera de sus obligaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolución correspondiente.
Durante la misma sesión, las y los legisladores presentaron diversas propuestas relacionadas con la igualdad de género, la protección de niñas, niños y adolescentes, la educación, la transparencia y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Buscan proteger la identidad cultural y el patrimonio de Puebla
El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri propuso modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado para considerar como una conducta discriminatoria obligar a una persona a dejar de utilizar prendas, accesorios o elementos distintivos vinculados con su identidad étnica, racial o cultural, así como condicionar su entrada o permanencia en espacios públicos o privados por ese motivo.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio.
Por su parte, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó un punto de acuerdo para solicitar una revisión documental de los antecedentes de propiedad, administración y posibles operaciones de adjudicación o transmisión de inmuebles relacionados con la antigua estación ferroviaria de San Pedro Cholula, particularmente de operaciones referidas públicamente entre 2000 y 2005.
El exhorto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Proponen fortalecer la evaluación legislativa y la participación ciudadana
La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó dos iniciativas. La primera busca fortalecer los mecanismos para evaluar el desempeño de las leyes aprobadas por el Congreso, mediante herramientas como un programa anual, informes y un registro de evaluaciones legislativas, sin crear nuevas estructuras administrativas ni generar costos presupuestarios adicionales.
La segunda plantea expedir la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla y sus Municipios, con el objetivo de regular y promover la intervención de la población en la formación, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas públicas.
Ambas propuestas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis.
Plantean medidas de protección para menores y prevención de la violencia
En materia de derechos de la niñez, la diputada Xel Arianna Hernández García propuso reformar el Código Civil estatal para que, en casos de violencia familiar, la autorización para que una persona menor de edad salga del domicilio o del país no dependa automáticamente del consentimiento del progenitor señalado como presunto agresor.
La iniciativa plantea que las autoridades jurisdiccionales valoren cada caso y prioricen el interés superior de la niñez, con medidas que protejan la seguridad de las personas menores de edad.
Asimismo, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una propuesta para reforzar la prevención de la violencia en los planteles educativos, incluida la identificación temprana de riesgos que puedan manifestarse en entornos digitales. También planteó fortalecer la coordinación institucional para atender estas situaciones.
La legisladora presentó otra iniciativa para reconocer como grupo de atención prioritaria a las mujeres que realizan principalmente trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, con el propósito de promover políticas públicas que favorezcan su autonomía económica y el acceso a educación, capacitación, inclusión digital y programas productivos.
Por su parte, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta propuso establecer medidas cautelares sobre contenidos difundidos en plataformas digitales, redes sociales y otros medios electrónicos cuando puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes o poner en riesgo su interés superior.
Estas propuestas fueron turnadas a las comisiones legislativas competentes.
Otras iniciativas: campo, transparencia y programas sociales
Durante la sesión también se presentó una iniciativa de la diputada Modesta Delgado Juárez para promover prácticas agrícolas compatibles con la conservación de polinizadores, en coordinación con autoridades y sectores sociales y privados, de acuerdo con las condiciones regionales de Puebla.
En materia de transparencia, Azucena Rosas Tapia y Elpidio Díaz Escobar propusieron establecer obligaciones específicas para publicar información sobre modificaciones relevantes, suspensiones temporales, conclusiones anticipadas y cancelaciones de programas públicos de apoyos y subsidios.
El diputado Julio Miguel Huerta Gómez planteó reformas constitucionales para reconocer la continuidad de los programas sociales vinculados con el ejercicio de los derechos humanos, incorporar su dimensión comunitaria en la planeación del desarrollo y establecer constitucionalmente un programa de obra comunitaria.
Finalmente, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la protección y asistencia consular de niñas, niños y adolescentes mexicanos detenidos o bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. La propuesta contempla facilitar el acceso consular, verificar las condiciones de custodia, mantener comunicación con sus familiares y promover asesoría jurídica especializada.
Las iniciativas y los puntos de acuerdo fueron turnados a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, como parte del proceso legislativo estatal.
