La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla con el propósito de armonizar el marco jurídico estatal con la legislación federal en materia de fiscalización superior y fortalecer las facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La propuesta contempla modificaciones, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la legislación vigente para brindar mayor certeza jurídica sobre el alcance de las atribuciones de la ASE, especialmente en la supervisión y revisión de recursos federales, participaciones federales y gasto federalizado.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es evitar posibles conflictos de competencia entre las autoridades fiscalizadoras y fortalecer la coordinación institucional con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), garantizando una correcta aplicación de los mecanismos de control y vigilancia de los recursos públicos.
Además, la legisladora plantea actualizar diversos conceptos relacionados con las entidades fiscalizadas y los sujetos de revisión, adecuando la terminología estatal a los criterios y definiciones reconocidos por el Sistema Nacional de Fiscalización.
Como parte de la modernización institucional, la iniciativa incorpora mecanismos de fiscalización por medios electrónicos, una medida que busca optimizar procesos, reducir tiempos administrativos y fortalecer la transparencia gubernamental.
Entre las principales innovaciones destaca la creación de un Buzón Digital, que permitirá realizar comunicaciones oficiales entre la Auditoría Superior del Estado y las entidades fiscalizadas. A través de esta herramienta podrán efectuarse notificaciones, requerimientos, entrega de información y documentación, así como diversas actuaciones relacionadas con los procedimientos de fiscalización, garantizando seguridad, autenticidad, integridad y certeza jurídica.
Asimismo, la propuesta contempla la posibilidad de presentar denuncias mediante plataformas electrónicas, facilitando la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos y fortaleciendo los mecanismos para detectar oportunamente posibles irregularidades administrativas o financieras.
