Con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y mejorar las condiciones de vida de miles de familias, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para asegurar el acceso al mínimo vital de agua potable en asentamientos humanos irregulares de Puebla.
La propuesta legislativa contempla reformas a la Ley del Agua para el Estado de Puebla y a la Ley de Vivienda estatal, con la finalidad de garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, incluso en zonas que carecen de infraestructura hidráulica o que no cuentan con regularización territorial.
Entre los principales planteamientos destaca la obligación de los prestadores de servicios públicos de abastecer agua potable mediante vehículos cisterna cuando sea necesario, con el propósito de proteger la salud, la higiene, la subsistencia y la dignidad de las personas que habitan en estas comunidades.
La iniciativa también establece que se otorgue prioridad a sectores en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos, así como hogares encabezados por mujeres.
Además, la legisladora propone que la falta de documentos de propiedad o de regularización del suelo no sea motivo para negar el acceso provisional al agua potable cuando exista riesgo para la salud o la calidad de vida de la población.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma es la incorporación de mecanismos flexibles para acreditar la residencia en los asentamientos, así como la implementación de programas de infraestructura intermedia que incluyan depósitos comunitarios, sistemas de cloración, hidrantes provisionales y puntos seguros para la distribución del agua.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 90 y 91 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, además de la adición de nuevos artículos que fortalecen las obligaciones de las autoridades para garantizar el acceso progresivo al recurso hídrico. Asimismo, plantea reformas al artículo 3 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla.
Con esta iniciativa, se busca avanzar en la protección del derecho humano al agua y reducir las condiciones de desigualdad que enfrentan miles de familias que viven en asentamientos irregulares de la entidad.
