Puebla, Pue.- Con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia familiar, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó iniciativas de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla.
Una de las propuestas busca reconocer de manera expresa la violencia vicaria como un supuesto para que las autoridades puedan implementar medidas cautelares y de protección en favor de las víctimas.
La legisladora plantea que, cuando se acrediten situaciones de violencia vicaria, la autoridad jurisdiccional pueda actuar de oficio y de manera inmediata, tomando como principios fundamentales el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.
Buscan evitar que menores sean utilizados para ejercer violencia
La iniciativa pretende establecer mecanismos que permitan proteger de forma integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando los menores son utilizados como instrumento para causar daño a otra persona.
Entre las medidas planteadas se encuentran la desocupación inmediata del domicilio por parte de la persona agresora, la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y la suspensión del régimen de visitas y convivencia.
También se contempla solicitar el apoyo de la fuerza pública, garantizar alimentos y protección patrimonial, así como proporcionar atención médica y psicológica. La propuesta incluye además medidas reeducativas dirigidas a la persona agresora.
Proponen restringir convivencias cuando exista riesgo para menores
De manera adicional, Xel Arianna Hernández presentó otra iniciativa para modificar disposiciones del Código de Procedimientos Civiles con el propósito de que las autoridades cuenten con mayores herramientas ante circunstancias objetivas de riesgo para integrantes de una familia.
La propuesta contempla que, de manera provisional, puedan suspenderse o restringirse las convivencias y, cuando resulte necesario, modificarse las condiciones relacionadas con la guarda y custodia.
Asimismo, plantea establecer consecuencias jurídicas posteriores a una sentencia firme, siempre bajo criterios de proporcionalidad, debido proceso, perspectiva de género e interés superior de niñas, niños y adolescentes.
En los casos donde existan hechos o indicios que adviertan un posible riesgo para la integridad física, psicológica o emocional de algún integrante de la familia, la autoridad podría emitir de manera inmediata las órdenes de protección necesarias.
El objetivo, de acuerdo con la propuesta, es prevenir que la violencia continúe o se agrave y garantizar una respuesta jurídica oportuna para proteger a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
