El Gobierno del Estado de Puebla reiteró que el programa “Agua para el Bienestar Por Amor a Puebla” se entrega de manera totalmente gratuita y sin ningún tipo de condicionamiento, por lo que llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro, extorsión o uso político de este apoyo.
Durante una jornada de supervisión en la colonia Barranca Honda, la titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, verificó la distribución del agua potable a las familias beneficiarias y destacó que esta estrategia responde a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier de garantizar el acceso al agua como un derecho humano para las personas que enfrentan problemas de desabasto.
La funcionaria explicó que el programa busca atender a alrededor de 36 mil familias de la capital poblana y municipios conurbados, especialmente aquellas que durante años han padecido la falta del servicio o costos elevados por el suministro mediante pipas.
Asimismo, enfatizó que ningún servidor público, organización o grupo político está autorizado para solicitar pagos, afiliaciones o registros fuera de los mecanismos oficiales, por lo que invitó a la población a reportar cualquier irregularidad que detecte durante la entrega del apoyo.
Como parte de la supervisión, García Chávez sostuvo una reunión con operadores de pipas y delegados de la dependencia, a quienes exhortó a brindar un servicio eficiente, transparente y con trato digno hacia las y los ciudadanos, privilegiando la atención de calidad durante la distribución del vital líquido.
Durante el recorrido, Alejandra Téllez Pérez, habitante de Barranca Honda, relató que durante años enfrentó problemas por la falta de agua potable, situación que la obligaba a comprar pipas constantemente y almacenar agua de lluvia, mientras recibía notificaciones de cobros por un servicio que aseguró no recibía. La beneficiaria reconoció que la entrega de un tinaco y el suministro de agua representan un apoyo importante para su familia.
El Gobierno del Estado destacó que el programa forma parte de las políticas de bienestar y justicia social impulsadas en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de reducir las desigualdades y garantizar el acceso al agua potable para las familias poblanas en situación de vulnerabilidad.
